Los jueces consideraron que se debía proceder al embargo con fines de decomiso del inmueble ya que se trata de un bien utilizado como instrumento del delito, en tanto fue cedido por los imputados -en su calidad de mandatarios, miembros o administradores de la empresa José Minetti & Cía.- para el asentamiento de una base militar y centro clandestino de detención y torturas que funcionó allí.

Para los magistrados, los acusados también colaboraron con la operación logística, dando los permisos y autorizaciones para que las fuerzas militares circularan y ejercieran el control total del predio y sus caminos internos; aportando vehículos de propiedad de la empresa al personal militar para el desarrollo de tareas de represión clandestina; y entregado información general y calificada sobre obreros y empleados del ingenio y sus familias a fin de lograr su identificación y que se ejercieran contra ellos acciones de persecución y represión ilegales.

El casco histórico del Ingenio fue vendido por los imputados en 2016, pero mantuvieron para sí miles de hectáreas que comprenden el bien inmueble. Las dimensiones del Ingenio superan ampliamente las de la ciudad más cercana, Famaillá.

Asimismo, se solicitó el embargo preventivo de cuatro paquetes accionarios y sus rentas de propiedad de Jorge Alberto Figueroa Minetti. El Tribunal hizo lugar a lo solicitado disponiendo el embargo preventivo del bien inmueble utilizado para cometer el delito y de los paquetes accionarios mencionados. La efectivización de los embargos de los paquetes accionarios de cuatro empresas fue delegada en el Ministerio Público Fiscal y realizada bajo la anotación respectiva en los libros de registro de acciones de las sociedades ubicadas en tres jurisdicciones diferentes (Tucumán, Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

El caso

La causa se inició como actuación complementaria en el marco de la megacausa “Operativo Independencia” y conexos, con fecha 30 de marzo de 2015. Con posterioridad, se amplió el plazo temporal al período post 24 de marzo de 1976.

El 13 de mayo de 2019, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió declarar que durante la vigencia de dicho operativo funcionó un Centro Clandestino de Detención en la Base militar sede de la Fuerza de Tareas “Rayo”, ubicada en predios del Ingenio La Fronterita y tener por acreditada la comisión de delitos de lesa humanidad en el lugar.

Los dueños del predio, Jorge Alberto Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú de Olmos fueron procesados por haber participado en los delitos mencionados cuyos autores materiales serían miembros de la Fuerza de Tareas denominada “Rayo”. También se los acusó de haber formado parte de una asociación ilícita.

Los hechos que se les atribuyen tuvieron por víctimas a 68 personas, vinculadas con el Sindicato de Obreros de Fábrica y Surco del “Ingenio La Fronterita” y/o habitantes del predio en sus instalaciones o en los poblados circundantes, y fueron calificados provisoriamente como crímenes contra la humanidad por haber sido cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil durante la última dictadura.

De las víctimas de la causa, 43 trabajaban en el ingenio, 31 vivían en las colonias propiedad de la empresa que explotaba el Ingenio La Fronterita, 10 fueron secuestradas camino a su trabajo en el ingenio, 10 fueron secuestradas en el retén que comunicaba la planta industrial con las colonias, 10 fueron sindicalistas del gremio azucarero del ingenio, y ocho fueron secuestradas utilizándose vehículos del ingenio.

La imputación se basa en los aportes brindados por los imputados en su calidad de mandatarios, miembros o administradores de la empresa José Minetti & Cía, titular registral del Ingenio La Fronterita, que consistieron en haber cedido las instalaciones y locaciones para el asentamiento de una base militar y centro clandestino que funcionó en ella.

Además, colaboraron con su operación logística y mantenimiento; dieron permisos y autorizaciones para que las fuerzas militares circularan y ejercieran el control total sobre el inmueble “La Fronterita” y sus caminos internos; aportaron vehículos de propiedad de la empresa al personal militar para el desarrollo de tareas de represión clandestina; entregaron información general y calificada sobre obreros y empleados a fin de lograr su identificación y que se ejercieran contra ellos acciones de persecución y represión ilegales; y haber omitido toda acción de denuncia en relación con los hechos vinculados a las personas damnificadas.

Si bien Argentina es pionera y ejemplo en los procesos de justicia transicional, se advirtió una vacancia en lo relativo al recupero de activos, en particular, en las restituciones por parte de los perpetradores. En este contexto, Camuña y la auxiliar fiscal Valentina García Salemi (por la fiscalía local y la Unidad de Derechos Humanos) junto a Chena entendieron que una de las consecuencias de la imputación era, entre otras, el embargo con fines de decomiso del Ingenio “La Fronterita”, toda vez que había sido utilizado para cometer crímenes de lesa humanidad.