La respuesta desde Tafí Viejo no se hizo esperar. La administración municipal, liderada por la intendenta Rodríguez y con vínculos con el legislador Javier Noguera, contraatacó argumentando que el municipio se ha hecho cargo en los últimos años de servicios, obras y otras tareas que, constitucionalmente, corresponden al gobierno provincial. Por lo tanto, exigen a la Provincia el reintegro de más de 18.000 millones de pesos.

Ante esta situación, el gobernador Jaldo ha señalado que la Contaduría General de la Provincia está analizando la situación, revisando los registros de los últimos años para determinar la validez de los reclamos de Tafí Viejo. Subrayó la importancia de que esta evaluación sea realizada por técnicos especializados para garantizar su objetividad. Asimismo, Jaldo instó a Tafí Viejo a reconocer también las deudas que tiene con el Estado provincial, apelando a un reconocimiento mutuo de los pasivos documentados.

La Provincia ha advertido que, de no llegarse a una conciliación sobre la deuda reclamada de 13.500 millones, se descontará el monto adeudado de los recursos que le corresponden a Tafí Viejo por coparticipación. Esta amenaza ha sido recibida con escepticismo por parte del municipio. El fiscal municipal, Víctor Schedan, ha argumentado que la deuda reclamada no reúne las condiciones legales para ser exigible, y ha reiterado la solicitud de información detallada sobre la composición de la deuda, información que, según el municipio, no ha sido proporcionada.

La disputa se complica aún más por el contexto político. Con un año electoral en el horizonte, el espacio político vinculado a Javier Noguera parece estar dispuesto a competir contra la coalición oficialista liderada por Jaldo, añadiendo una capa adicional de tensión a la relación ya conflictiva entre la Provincia y Tafí Viejo.

En resumen, la situación financiera entre la provincia de Tucumán y el municipio de Tafí Viejo se encuentra en un punto crítico. La resolución de esta disputa dependerá de la capacidad de ambas partes para llegar a un acuerdo, basado en la transparencia, la documentación y el reconocimiento de las obligaciones mutuas. El resultado de este conflicto no solo impactará en las finanzas de ambas administraciones, sino que también podría influir en el panorama político de la provincia.