El expediente indica que, en septiembre de 2023, el juez José Ignacio Dantur dejó sin efecto una providencia anterior y dispuso que los autos fueran remitidos al Agente Fiscal para que emitiera opinión sobre la constitucionalidad de la expropiación solicitada por la Provincia.

La medida permitió reabrir los términos del juicio y garantizar que los derechos de las partes fueran respetados.

Posteriormente, en octubre de 2025, el juez Fernando García Hamilton, a cargo de la Oficina de Gestión Asociada Civil y Comercial 1, confirmó que se había omitido dar vista al Agente Fiscal y ordenó un plazo de cinco días para que este organismo se expida sobre la inconstitucionalidad planteada por los accionados.

En ese contexto, se suspendieron los plazos para la dictación de la sentencia definitiva.

El expediente involucra además a Mercedes Beatriz Ponce, heredera de los demandados, y al perito Vicente Raúl Esteban Stagnetti. La Provincia de Tucumán, en calidad de actor, mantiene el reclamo de expropiación, mientras que los demandados sostienen que existen irregularidades constitucionales en el procedimiento.

La autenticidad del expediente puede verificarse a través del sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán.