La Asociación Civil Red de Defensa de Usuarios y Consumidores (REDECU) presentó una acción de amparo con pedido de medida cautelar ante la Justicia de Tucumán para suspender la audiencia pública prevista para el 5 de enero de 2026, en la que se debatirá la revisión integral de las tarifas del servicio eléctrico.
La demanda está dirigida contra el Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán y la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán. Desde la organización denuncian irregularidades en la convocatoria que, aseguran, vulneran el debido proceso y limitan la participación real de los usuarios al no garantizar información completa ni plazos razonables.
Entre los cuestionamientos centrales figuran la falta de publicación íntegra de los documentos técnicos, tiempos acotados en pleno receso administrativo y judicial y la concentración en una sola jornada de definiciones regulatorias de alto impacto que marcarán el servicio por los próximos 5 años.
Para REDECU, el esquema planteado convierte la audiencia en un trámite formal que beneficia a la empresa regulada y deja afuera a los usuarios del debate sustantivo.
Como parte de la cautelar, la entidad pidió la paralización inmediata del proceso, la difusión completa y accesible de los expedientes, el corrimiento de la audiencia a una fecha posterior a la feria judicial y la segmentación del análisis por ejes temáticos, con registros claros y abiertos.
Hasta que la Justicia resuelva, sostienen, no debería realizarse la audiencia para evitar convalidar un procedimiento que consideran defectuoso y contrario a las garantías constitucionales de los consumidores.
La convocatoria oficial fue formalizada mediante la Resolución número 1167 del año 2025, firmada por el interventor Ricardo Ascárate, para evaluar la Revisión Tarifaria Integral impulsada por EDET.
El nuevo período tarifario abarcaría desde el 30 de diciembre de 2025 hasta el 4 de agosto de 2030 e incluiría ajustes de tarifas, planes de inversión, estándares de calidad, ampliaciones de red, eficiencia energética y transición a renovables, en el marco de la normativa provincial vigente.
La audiencia fue prevista bajo modalidad mixta —presencial en el Sheraton Hotel Tucumán y virtual— con inscripción hasta el 22 de diciembre y puntos de acceso en distintas localidades.
Mientras el ente regulador sostiene que el formato apunta a mayor transparencia, el planteo judicial reabre la discusión sobre qué tan abierta y participativa es, en los hechos, la revisión del precio de la luz.
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