Manzur apuesta a perpetuarse en el poder y espera un guiño de la Justicia
El gobernador tucumano Juan Manzur tiene judicializada su intención de postularse como vicegobernador de Osvaldo Jaldo. Sus ansias de poder son más notables que los frutos de su añosa gestión al frente de una de las provincias más postradas del país.
El intendente de San Miguel de Tucumán y candidato a vicegobernador por Juntos por el Cambio, Germán Alfaro, inició una acción legal contra Manzur por aparente violación de la Constitución provincial.
Se denuncia que la candidatura de Manzur “vulnera el principio republicano de alternancia en el poder”, dado que el exministro de Salud del kirchnerismo fue dos veces vicegobernador de José Alperovich, en 2007 y en 2011, y luego dos veces electo titular del Poder Ejecutivo, en 2015 y en 2019. A la Casa de Gobierno provincial, el mandatario, ya la siente como propia.
La acción judicial de Alfaro, a nivel provincial, tuvo las lógicas consecuencias que pueden esperarse de una provincia convertida en un feudo. Primero, fue la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que, fiel a su simpatía con el oficialismo, decidió fallar a favor de Manzur y habilitarlo a competir en las elecciones del 14 de mayo.
Posteriormente, la Junta Electoral Provincial también rechazó el planteo de impugnación formulado por la oposición. Su argumento se basó en el mencionado fallo de la Corte Suprema. Todo queda entre amigos.
Sin respuestas en Tucumán, la búsqueda de justicia se elevó a la Corte Suprema de la Nación. La oposición reclamó una medida cautelar para "frenar cuanto antes la inconstitucional candidatura" de Manzur.
En consonancia con esto, Alfaro solicitó que se suspendan las elecciones hasta tanto se dicte un pronunciamiento definitivo en esta causa. Se advierte que Manzur forma parte de la fórmula o binomio de poder de manera ininterrumpida desde hace 16 años. Para las apetencias del actual gobernador, estos años parecen ser sólo el comienzo de sus expectativas de anquilosamiento en el poder público.
Pese a las urgencias, dada la inminencia de los comicios, los litigantes siguen sin recibir respuestas. De esta forma, vale recordar que el máximo tribunal no tiene plazos para resolver el planteo de fondo.
La titular de la Procuración General de la Nación, Laura Mercedes Monti, firmó el dictamen fiscal a partir del planteo en cuestión, pero éste no es vinculante con la sentencia. Por lo que, como ella misma lo aclaró, “la Corte es el intérprete máximo y final de sus propios dichos y decisiones”. En otras palabras, la Corte Suprema podría intervenir pero, además, del cómo, importa el cuándo. El tiempo corre a favor a Manzur.
Para los denunciantes, permitir la postulación de Manzur dejará un precedente de gravedad institucional. “Esto excede el mero interés individual del gobernador provincial y atañe al de la comunidad; están en juego instituciones básicas de la Nación, que la provincia se encuentra obligada a resguardar”, indicaron. La pretensión, claro está, quedará en una intencionalidad de justicia que marcha a contramano de la realidad actual que padece la provincia.
