Se llegó a tal punto que, prácticamente, todos los últimos días, debieron evacuarse colegios y escuelas por falsas amenazas. Peor aún: esta situación pasó de afectar a gran parte de los establecimientos educacionales ubicados en el centro tucumano a propagarse por toda la provincia.

Las consecuencias que este flagelo genera son múltiples. Y lejos está de interpretarse a esto como una broma para evitar exámenes, tal como se analizó meses atrás con los primeros incidentes. Se trata de un accionar masificado que está empeorando el caos que padece Tucumán.

Cada vez que se recibe una llamada anónima o un correo electrónico amenazante, indefectiblemente las autoridades educativas y las fuerzas de seguridad deben cumplir un protocolo. Desalojar todo el inmueble, ejecutar un plan de evacuación, cortar calles de altísima circulación, desplegar bomberos y personal antiexplosivos, denuncias policiales, intervención de fiscalías…

Todo este escenario se repite día por día en la provincia, en varios puntos en simultáneo. Incluso, en un lapso de tres horas, llegaron a desalojarse hasta seis colegios céntricos ubicados en un radio de corta distancia. Un desmadre total hasta hoy impune.

Según la Justicia, hasta el momento se llevan adelante más de 50 investigaciones que se abrieron por las alertas de artefactos explosivos en establecimientos educativos de la provincia. Si este número ya roza el descontrol, la realidad se agrava si se tiene en cuenta que el número de amenazas recibidas es aún mayor. Y, lo peor, es que esto parece estar muy lejos de aplacarse.

Lo concreto es que, sólo a través de la identifiación de responsables y las sanciones correspondientes, la ola de amenazas podrá encontrar fin. Mientras se investiga a quiénes están detrás de este accionar, en la Justicia, tanto local como federal, se analiza la tipificación de este delito y sus consecuencias punitivas.

Una alternativa es que los culpables deban hacerse cargo de una reparación económica por los gastos que le generaron al Estado. Se estima que la erogación por el movimiento de personal, herramientas y tiempo es incalculable e irrecuperable por más sentencias que se apliquen.

Sin embargo, fuentes judiciales, hartas de este modus operandi, deslizaron que la reparación económica no sería suficiente. Si se llegase a identificar a los acusados, estos serán acusados de intimidación pública, delito que contempla una pena de entre dos y seis años.

Mientras el descontrol se esparce por las escuelas tucumanas, en Casa de Gobierno miran atentamente, y con gran temor, otra ola de alcance nacional cuyas consecuencias son impredecibles: los saqueos.

Al mismo tiempo que el oficialismo y la oposición se culpan por quiénes están detrás de la organización de los robos en banda, el panorama hacia el futuro se muestra preocupante.

Sectores vinculados a Casa de Gobierno temen que los saqueos se radicalicen si Unión por la Patria no consigue el poder en las elecciones nacionales. Entienden que la distribución de planes y prebendas como forma de contención social es una herramienta que garantiza una relativa paz social.

Surge la incógnita sobre qué sucederá si Javier Milei o Patricia Bullrich ganan la presidencia. ¿Optarán por el camino de repeler el accionar delictivo con mayor decisión o, pese a sus discursos de campaña, mantendrán los beneficios sociales para apaciguar las revueltas?

Mientras el destino del país está en juego, en Casa de Gobierno, conocedores del efecto contagio que suelen tener los saqueos en el país, pusieron a las fuerzas de seguridad en alerta máxima. Si los actos vandálicos comienzan a asolar la provincia, al mismo tiempo que las amenazas de bomba no hallan un freno, el escenario en Tucumán sería dantesco. Tantos años de decadencia social tienen un precio.