Días atrás, Massa anunció dos medidas de fuerte impacto: la suba del mínimo no imponible de ganancias y la devolución del IVA para el consumo de bienes esenciales. Sin embargo, la Nación no será la única que deberá afrontar los costos. Por eso, comenzaron a sonar las alarmas en las provincias que temen ver afectadas sus arcas de cara al ejercicio 2024.

Los anuncios de campaña del ministro de Economía de la Nación afectan directamente a los dos principales impuestos de la estructura de recaudación. Y, justamente, muy a pesar de Jaldo y los gobernadores, estos impuestos se usan para fondear la mayor parte de la masa coparticipable de las provincias.

A raíz de todo esto, en Casa de Gobierno ya saben que se profundizará el déficit fiscal y, en paralelo, se ajustarán los ingresos que recibe cada administración, incluida Tucumán.

El costo fiscal de las medidas populistas y electorales de Massa tendrá fuertes consecuencias. Desde Juntos por el Cambio advirtieron esto en el Congreso y salieron a criticar la irresponsabilidad de estas iniciativas. Milei, en cambio, optó por otro camino: alinearse a los deseos massistas y acompañar la fuerte suba del piso del impuesto a las ganancias. Los rumores de un supuesto pacto entre ambos sectores políticos no escasearon en esta última semana.

Un informe realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCRE), confirma que las provincias aportan el 58 por ciento de este costo fiscal. “Están haciendo campaña con plata ajena”, bramó un funcionario cercano a Jaldo, muy ligado al manejo de los fondos que se reparten en el interior de la provincia.

Es que, haciendo números, se estima que Tucumán perderá 38 mil millones de pesos en cuanto a los costos por los tributos intervenidos por Massa. En otras palabras: la campaña política del oficialismo está siendo soportada, en gran medida, con la financiación de las provincias. Las fotos de campaña del candidato presidencial con los gobernadores obligan a sonrisas cada vez más forzadas.

Frente a este contexto, Jaldo enfatizó algo que ya se había deslizado en Casa de Gobierno. Una vez que asuma, eliminará el denominado “Pacto Social”, herramienta con la cual el PE direcciona el envío de fondos a los municipios y comunas para garantizar el pago de sueldos.

“La situación viene complicada económica y financieramente. Los intendentes se van a tener que manejar con los ingresos propios que por ley le corresponden”, advirtió Jaldo ante los medios.

Los interrogantes que esto plantea son varios. Al día de hoy, los municipios no alineados con el peronismo denuncian públicamente que el Gobierno los discrimina a la hora del reparto de fondos.

¿Este anuncio de Jaldo igualará realmente a todas las intendencias más allá de su signo político? ¿Qué pasará con las municipalidades que no puedan afrontar con sus propios recursos la enorme planilla salarial que poseen por nombramientos descontrolados?

Las medidas de Massa tendrán un efecto en cadena que terminarán afectando desde la Nación a las administraciones jurisdiccionales más pequeñas. Muchas de ellas destinan más del 70 por ciento de sus ingresos sólo para pagar salarios. El futuro presidente y los gobernadores se hallan en una encrucijada de pronóstico incierto.