El problema llegó a tal punto que los paros del transporte se hicieron una costumbre a principios de cada mes, conforme al retraso de los pagos salariales al personal. ¿Cómo se sigue adelante ante este despropósito? Gracias al dinero que a regañadientes debe poner el Gobierno provincial para ayudar a liquidar los sueldos.

Todo esto sucede pese a que hace menos de un mes, el Concejo Deliberante, en forma unánime, aprobó un tarifazo en el boleto de colectivos del 43 por ciento de incremento. Como se acostumbra, idéntico porcentaje de suba se aplicó también en los precios de los boletos interurbanos en toda la provincia. Un golpe brutal a la población que, como se dijo, no se tradujo en mejora alguna del servicio. Todo lo contrario.

Días atrás, la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) resolvió avanzar con la suspensión progresiva y rotativa de los choferes de ómnibus como una medida para afrontar la crisis que atraviesa el sector. Con esta medida arbitraria, los directivos presionan para obtener mayores subsidios públicos no sólo para afrontar las actualizaciones salariales, sino también para no resignar márgenes de ganancias.

Así, de forma totalmente compulsiva, Aetat aplicó la reducción del 25 por ciento en la frecuencia de los colectivos que recorren la provincia. ¿Qué excusa pusieron para una decisión de esta naturaleza? La crisis económica del sector y la exigencia al Estado de “consensuar soluciones definitivas y no coyunturales”. Poco elegante manera de reclamar más dinero público.

Una medida de este tipo tiene dos consecuencias muy sensibles: por un lado, el gremio de UTA se declaró en estado de alerta y movilización debido a que la reducción del servicio impactará en los haberes que perciben los trabajadores. Es decir, se vienen nuevos paros. Por otra parte, si los vecinos ya padecían por un servicio carente de control de circulación y de frecuencias fijas, con todo lo que esto implica para quienes deben cumplir horarios, esta decisión empresarial los deja totalmente a la deriva. Se suma a esto, las frecuentes medidas de fuerza sindicales que obligan a los usuarios a invertir en otros medios de desplazamiento con fuerte impacto en sus bolsillos.

Aetat apunta con esta medida de presión a dos cosas: que el Gobierno, quien regula el valor del servicio, otorgue una nueva suba del precio del boleto. De concederse, sería una brutalidad contra los bolsillos de los tucumanos quienes ya deben afrontar el servicio más oneroso de toda esta región del país. En paralelo, la cámara empresarial también exige que el Gobierno provincial gestione una mayor cantidad de fondos por parte de la Nación en calidad de subsidios. Advierten, y con razón, que la distribución de compensaciones es discriminatoria con el interior, en comparación con las empresas del Amba. Una desigualdad histórica que ningún presidente se atrevió a intervenir.

Se estima que las empresas del interior reciben fondos por, aproximadamente, el 25 por ciento del costo total por kilómetro, mientras que el 75 por ciento restante es aportado por la tarifa del boleto. Todo esto es exactamente al revés en el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, donde solo entre el 15 y 20 por ciento del total de los costos reconocidos son amortiguados por la tarifa. Por esta razón, los precios del transporte público en esta área son mucho más económicos que en Tucumán y el interior del país. Una desigualdad absoluta que explica, en gran medida, la crisis del sector y la histórica tendencia centralista de los gobiernos nacionales.

Una realidad injusta que no exime al Gobierno local de responsabilidad. El conflicto adquiere un nuevo punto de enfoque de cara a las próximas elecciones nacionales. Javier Milei, el candidato más votado en las primarias, augura a los cuatro vientos que hará un fuerte recorte de fondos públicos en diversas áreas para impulsar la privatización de los servicios públicos. El transporte no será la excepción. Frente a esto, los empresarios, ante la supuesta pérdida de subsidios, reclamarán la desregulación del precio del servicio. Otra vez, los principales afectados, claro está, serán los usuarios.