La medida cautelar solicitada por el Partido de la Justicia Social, que conduce el intendente opositor de la Capital, Germán Alfaro, fue considerada por la Corte Suprema de la Nación. Esta vez, subestimar a la Justicia le salió bastante costoso al primer mandatario provincial.

En rigor, el máximo tribunal resolvió hacer lugar a la medida cautelar y, en consecuencia, suspender la convocatoria a elección de gobernador y vicegobernador programadas para el domingo 14 de mayo hasta tanto se dicte un pronunciamiento definitivo.

A diferencia de la provincia de San Juan (con un fallo similar de la Corte) donde este domingo sí se votará para otras categorías (intendentes, legisladores, etcétera), en Tucumán no habrá elecciones de ningún tipo. Las listas sábanas (acoples) son un arma imprescindible para cooptar votos por parte del oficialismo que ya especula con organizar los comicios para la primera quincena de junio.

Pese al rechazo encolumnado de todo el arco del Frente de Todos a nivel nacional, incluido gremios y organizaciones receptoras de fondos y planes sociales, el fallo de la Corte Suprema, fue una brisa de aire fresco que se dejó sentir en el feudo norteño.

Para entender esta idea es necesario repasar que el ex ministro de Salud del kirchnerismo fue dos veces vicegobernador del denunciado José Alperovich, en 2007 y en 2011, y luego dos veces electo titular del Poder Ejecutivo, en 2015 y en 2019. Cuando se reclama sobre la consolidación del feudalismo peronista en Tucumán, los argumentos para defender esta acusación son elocuentes.

Esto escapa incluso del signo político gobernante; aquí se cuestionan los personalismos enquistados en el poder. Este es el espíritu que impregnó el fallo de la Corte contra las aventuras de Tucumán y San Juan. Luego, claro está, están las procesiones acusatorias contra la Corte Suprema tras los sucesivos fallos en oposición a los intereses del Gobierno.

¿Una lucha de poderes o un oportuno límite de la Justicia a la impunidad política? En el medio de todo esto no debe desvalorizarse el proceso de juicio político contra la Corte Suprema por parte del kirchnerismo. No ser funcionales tiene sus consecuencias.

La Fiscalía de Estado, apurada por un golpeado Manzur, contestó con premura, y en vano, el requerimiento formulado por el tribunal. Se argumentó que hubo intromisión en la autonomía provincial “cuando la cuestión fue objeto de tratamiento y resolución por parte de la justicia local, en la especie un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán”.

Con la misma celeridad, el máximo tribunal dio un nuevo cachetazo a Manzur y ratificó la cautelar que suspendió la elección. Los manotazos de ahogado del Gobierno tuvieron más efecto mediático y victimizante que un éxito legal.

En otras palabras, el Gobierno local adujo que la Corte provinciana avaló la candidatura de Manzur y cuestionó la competencia del máximo tribunal. Nada de esto prosperó. El gobernador, a regañadientes, debió resignarse a bajarse de la contienda y autoproclamarse “jefe de la campaña electoral”. La sonrisa de Jaldo, al escuchar esto, puede leerse de diversas maneras.

A todo esto, desde la oposición, Alfaro también cuestionó el rol de la Corte local que había avalado la candidatura del gobernador. “Aquí tenemos una Justicia cooptada por el Gobierno provincial, que se transformó en una vergüenza con este fallo en contra. Y esto tiene que ver con la calidad institucional de Tucumán, que veníamos criticando”.

Lo haya buscado, o no, los jueces nacionales no sólo pusieron en el tapete la discusión sobre cómo las provincias son manejadas por gobernadores devenidos en patrones de estancia, sino también, el rol de las justicias locales que actúan como serviles apéndices del poder político. Algo que el kirchnerismo, inmerso en su paradoja, prefiere no mencionar al momento de acusar a la Corte Suprema de ser funcional a la oposición.