Temeroso de lo que se aproxima, apenas tres días después de finalizadas las de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el Gobierno elaboró un decreto a través del cual se autoriza a endeudar a la provincia hasta por 20.000 millones de pesos a través del Banco Macro. La cifra representa la mitad de la planilla salarial bruta de los 110 mil empleados estatales. La teta del Estado es enorme.

Jaldo reconoció públicamente que los fondos gestionados son una cobertura financiera “para estos momentos económicos tan cambiantes que vivimos permanentemente”. “La provincia se reunía para conversar de paritarias dos veces al año con los empleados públicos, ahora lo hacemos cada 90 días y cada vez que uno tiene estas reuniones significan un incremento en el presupuesto provincial", sostuvo el futuro gobernador disimulando preocupación.

En paralelo a esto, el exintendente de Trancas también pretende agilizar la ampliación del presupuesto por parte de la Legislatura que él mismo preside. A 50 días de su asunción, el ejercicio actual se amplió en 305.000 millones de pesos por lo que el total de gastos provinciales del año ya superó los 1,1 billones de pesos. ¿Ajuste? Una palabra que ni quiere mencionarse en Casa de Gobierno.

Quienes sí denuncian al Poder Ejecutivo de padecer un recorte de fondos son los intendentes opositores encolumnados en Juntos por el Cambio. A tal punto llegó el hartazgo que Mariano Campero (Yerba Buena) y Sebastián Salazar (Bella Vista), junto con el diputado y presidente de la UCR Tucumán, Roberto Sánchez, se reunieron en Buenos Aires para analizar la viabilidad de una acción judicial contra el Gobierno provincial.

Los jefes comunales afirman que no existen coeficientes o porcentajes establecidos con claridad que determinen el reparto de fondos desde la Provincia hacia cada municipalidad o comuna rural. En otras palabras, denuncian que el dinero se reparte en forma arbitraria según la afinidad política de cada intendencia.

“Los montos que recibe cada distrito administrado por el oficialismo son muy diferentes a los que recibimos en nuestros municipios. Son asimetrías pocas veces vistas en la Argentina, de acuerdo a lo que estamos charlando con los juristas”, denunció Campero.

La denuncia se impulsará en tribunales federales debido a la enorme desconfianza que despierta la Justicia provincial, considerada un apéndice del Gobierno.

Este nuevo frente de conflicto fue minimizado por Jaldo. Lo vinculó con maniobras políticas de cara a las elecciones nacionales del 22 de octubre próximo. “Los reclamos de los intendentes radicales tienen algo de político. Son un elemento para intentar ganas un voto más”, afirmó.

El próximo gobernador, consciente de lo que se viene, ya adelantó una medida que generará discusiones puertas adentro en el oficialismo, las cuales prometen alterar la armonía entre el Poder Ejecutivo y los intendentes, incluso del peronismo. Se vienen cambios en el denominado Pacto de Saneamiento y la Paz Social, el cual regula el envío de fondos por parte del Gobierno provincial para garantizar el pago de sueldos de los trabajadores de cada municipio y comuna.

Con las arcas en estado de alarma, Jaldo pretende que, en su gestión, cada municipio se maneje con los recursos que establece la Ley de Coparticipación nacional, provincial y los recursos del Fondo de Desarrollo del Interior. Surgen interrogantes tras este anuncio. ¿Resignará la provincia el control político de las intendencias con esta medida? ¿Habrá una real ecuanimidad en el reparto de fondos a distritos oficialistas y opositores? El panorama se percibe tan sombrío que es imposible hallar algo de luz que ilumine posibles respuestas.