Se estima que sólo en las comisarías permanecen detenidas 1900 personas por diversos ilícitos. La mayoría de ellos, incluso, cuentan con condenas efectivas por parte de la Justicia. Sin embargo, permanecen en las dependencias policiales porque el penal de Villa Urquiza está desbordado de delincuentes.

Incluso, hay comisarías cuya ocupación triplica a su real capacidad. Esto se vislumbraba desde hace bastantes años y ningún Gobierno estuvo a la altura de las circunstancias. A tal punto se llegó que, en forma insólita, se dispondrá de guardiacárceles en las comisarías. Desidia absoluta.

El vicegobernador y gobernador electo, Osvaldo Jaldo, en medio de este caos, tendrá algo más de alivio frente a la ineptitud de sus antecesores. El año próximo quedará habilitada la nueva (y demorada) unidad carcelaria de Benjamín Paz. Tendrá una capacidad para algo más de mil reclusos lo que permitiría descomprimir, momentáneamente, la conflictividad que se vive en las comisarías.

Sin embargo, surgen interrogantes perturbadores frente a este escenario. ¿Cómo resistirá la desbordada infraestructura de las comisarías hasta que el nuevo penal sea puesto en funcionamiento? ¿Cuánto tiempo de calma aportará a esta problemática ese cupo de mil reos del nuevo penal? A simple vista, con la crisis de seguridad que se padece en Tucumán, el Gobierno ya debería planificar cómo será su ampliación incluso antes de inaugurarlo.

Respondiendo al primer cuestionamiento, todo indica que el Poder Ejecutivo, apurará las obras en Benjamín Paz para tener un par de pabellones habilitados antes de fin de año. El objetivo es mandar allí, los antes posible, a los primeros presos alojados en comisarías, como una alternativa a la crisis carcelaria de la provincia. La fuga de condenados de diferentes dependencias policiales, en los últimos días, apuraron los planes del Gobierno. El problema les explotó en la cara.

Sin embargo, Jaldo y el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, deberían pensar en alternativas. Apresurar los trabajos en la nueva unidad penitenciaria no garantizará respuestas en el corto plazo. Todo quedará supeditado a la terminación de la infraestructura básica para el funcionamiento de las redes de agua potable, cloacas, gas, electricidad y planta de tratamiento de agua del nuevo predio. Y, a pesar del Gobierno, no hay un tiempo estimativo para que esto se concrete.

Vale recordar que estas obras tuvieron un importante retraso por demoras en el pago a la empresa que la está construyendo. Originalmente todo, el complejo iba a estar operativo antes de 2024. Ahora, por las dilaciones, se estima que el penal estaría habilitado después de marzo del año próximo. Mientras, el tiempo corre tanto como los fugados.

“El Gobierno actual y los anteriores tienen que hacerse cargo de las decisiones que toman y de lo que no hacen. Las comisarías y las cárceles están desbordadas desde hace casi una década. La violencia en las calles crece desde hace tiempo y la prioridad siguen siendo las elecciones. Hay que cambiar las políticas y ocuparse de gobernar, urgente”, reclamaron legisladores de la oposición. Desde este sector se reclama que Agüero Gamboa acuda a la Legislatura provincial para dar explicaciones sobre este contexto. Se descuenta que el peronismo impedirá que esto se concrete.

Desde la otra vereda, advierten al oficialismo que, pese a haber triunfado en las urnas, la población merece respuestas ante esta situación. La impunidad tiene límites.