Días atrás, trabajadores de algunas dependencias oficiales dedicadas a prestar servicio en la lucha contra las adicciones realizaron protestas contra el Gobierno por la precarización laboral que padecen. En este contexto, expusieron a lo que se enfrentan día a día, pese a los magros salarios que perciben. La cantidad de adictos está creciendo en forma exponencial con todo lo que esto apareja a nivel social.

Estamos hablando de uno de los pilares fundamentales para entender por qué Tucumán es una de las provincias con mayor índice de inseguridad del país. Vivir en los barrios de la Capital es lidiar con situaciones de violencia y degradación absoluta. Y, desde Casa de Gobierno, no se asumió como política de Estado afrontar la implementación de un plan abarcativo y multidisciplinario que aborde esta cuestión. Pasan los gobiernos, la situación empeora, y no se percibe un lineamiento claro que permita vislumbrar algún cambio.

Todo lo contrario. En la primera línea de fuego en esta batalla desigual, se encuentran cada vez menos especialistas destinados a los Centros Primarios de las Adicciones (Cepla), los cuales dependen del Ministerio de Desarrollo Social provincial. Vidas en riesgo con salarios de miseria posibilitan esta realidad ante la cual el Gobierno es absolutamente responsable.

“Cuando hablamos de emergencia, implica una acción política: inversión en recursos humanos, en logística, la jerarquización de los trabajadores de salud mental porque somos clave en la salud mental comunitaria, no sólo en los hospitales. La gente está muy mal, hay un alto nivel de fragmentación y de agresión en los barrios”, afirmó en contacto con la prensa, Emilio Mustafá, un referente en esta problemática a partir de su trabajo en los barrios.

Este trabajador social fue quien, antes de las elecciones provinciales, confirmó lo que desde la oposición se denunciaba públicamente: punteros afines al Gobierno ofrecían droga a cambio de votos. “Es un fenómeno que sí es real. Vi que en algunos lugares los transas se quedan con los DNI de los chicos para después ir a votar; se comercializa con eso”, dijo Mustafá en aquel momento sin que ningún político se haya atrevido a contradecirlo.

El escenario se enturbia cuando se analiza el alcance real de la nueva Ley de Narcomenudeo que rige en la provincia desde diciembre del año pasado. Esta normativa centra la lucha contra la venta de drogas a baja escala al gobierno provincial y delega en las fuerzas federales la lucha contra el narcotráfico. En rigor, lo que se resolvió fue provincializar la venta de estupefacientes cuando se los comercie en dosis fraccionadas para su consumo final.

Junto a esto, desde Casa Rosada se prometieron fondos a Tucumán (y a las provincias) para poder hacerse cargo de esta pesada mochila. Tanto desde la gestión de Juan Manzur como de Osvaldo Jaldo, durante su interinato al frente del Poder Ejecutivo, se vieron superados por este flagelo por lo que se escudaron en responsabilizar a la Nación por incumplir con lo pactado.

Pese a todo esto, la Provincia intenta mostrar como un éxito los centenares de detenidos y las innumerables dosis incautadas en los operativos policiales que se realizan. Es tanta la cantidad de droga y de gente dedicada al mundo del narcomenudeo en Tucumán que se duda sobre el real impacto que tiene el accionar policial. Es tapar el sol con un dedo.

Y, más allá de operativos exitosos en contra de la venta de droga, lo que se pone de manifiesto es la carencia, por parte del Gobierno, de un enfoque destinado no sólo a lo represivo sino a la concientización y tratamiento de las personas que padecen adicciones. Pagar magros salarios, a los cada vez menos asistentes sociales que quedan en esta lucha, es un claro ejemplo del real interés que la actual gestión tiene sobre esta problemática.