“Lo atamo' con alambre”. La política de transporte en la provincia es una oda a la clásica canción de Ignacio Copani. Los problemas no sólo son permanentes sino que no vislumbran alguna posible solución a la vista. Mientras tanto, cada medida de fuerza se soluciona con reuniones de urgencia y el aporte de fondos públicos para destrabar el conflicto. Estos hechos se repiten cada mes de forma idéntica.
Los usuarios tucumanos ya saben que, cada determinado tiempo, sufrirán la paralización del servicio el cual implicará movilizaciones de protesta que generarán un caos en la ciudad. Lo que sigue, tiene un guion que cualquier vecino, harto, ya conoce de memoria: reuniones apresuradas entre las partes implicadas en Casa de Gobierno y la cesión de fondos de la Provincia a las empresas del sector para poder asumir los salarios. Lo mismo de hace años. Pretender un proyecto alternativo que genere un cambio frente a este embrollo es pedir demasiado.
A la inoperancia del Poder Ejecutivo y la Intendencia capitalina se le suma el otro pilar que sustenta este conflicto crónico: la enorme desproporción en el reparto de subsidios desde la Nación a las provincias en comparación con el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).
Apenas dos de cada diez pesos que el Estado Nacional transfiere en el marco del Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau) se distribuyen en el interior del país. El 80 por ciento de los fondos se destina al AMBA. Hablemos de inequidad.
Esta histórica diferencia no entiende de signos políticos. Pasaron por Casa Rosada presidentes peronistas, kirchneristas, radicales o macristas pero la desigualdad no se alteró jamás. Es curioso que mandatarios identificados con el peronismo nunca hayan alterado este esquema que favorece a la Ciudad de Buenos Aires, territorio antagonista al PJ, en desmedro de provincias con fuerte impronta justicialista.
La otra pata en esta problemática recae en el empresariado, sector que implora por mayores desembolsos del Estado al mismo tiempo que, impunemente, ofrece un mal servicio. Incluso, se decidió sin autorización alguna, alterar las frecuencias de las unidades para ahorrar costos. Calcular la hora en la que vendrá un colectivo es una proeza en Tucumán.
El vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), Jorge Berretta, salió a responsabilizar a Mauricio Macri y al actual presidente, Alberto Fernández, por esta situación. "Estamos percibiendo menos de la mitad del costo que tiene el servicio que prestamos por cada pasajero transportado", afirmó el empresario. De paso, también se acomodó políticamente al elogiar la gestión del futuro gobernador, Osvaldo Jaldo, y criticar la inacción de Juan Manzur. “El vicegobernador entiende la coyuntura y nos convocó para solucionarla, cosa que nunca hizo Manzur”, sentenció.
Desde la oposición no quisieron quedar afuera de esta adjudicación de responsabilidades y salieron a responderle a Aetat. “Tucumán necesita empresarios comprometidos, empresarios que vean el transporte como un servicio esencial y no como una oportunidad para aprovecharse de la necesidad de la gente y sus empleados”, sostuvo el legislador de Libres del Sur, Federico Masso.
Por lo pronto, los paros sorpresivos que realizó en la semana el gremio de UTA fueron solucionados a los parchazos. Jaldo, quien ya oficia de gobernador aún sin haber asumido, convocó a gremialistas y empresarios para evitar que la medida de fuerza pase a mayores. De esta forma, adelantó 250 millones de pesos a Aetat para el pago de los salarios y firmó el decreto de los bonos de jubilados que estaban pendientes de pago. La medida sirvió para salir del paso hasta las próximas semanas cuando deban abonarse nuevamente los sueldos del sector.
Interpelado por la prensa, Jaldo no disimuló el alivio por la solución momentánea del conflicto ni la preocupación por lo que se le viene. “Sabemos que este aporte de fondos sólo ayuda a ganar tiempo, no soluciona la cuestión de fondo”. También admitió la urgente necesidad de capitalización del sistema de transporte para poder mejorar el servicio. Sin embargo, cayó en los brazos del problema que perpetúa esta crisis: la incapacidad de poder planificar una real política de transporte que genere algún cambio. Mientras tanto, los más afectados seguirán siendo los usuarios.
