Según la versión oficial, la obra fue impulsada por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo y se ejecuta bajo la órbita del ministro de Obras Públicas Marcelo Nazur. El objetivo declarado es resolver de manera definitiva los problemas de saneamiento, eliminar focos de contaminación y mejorar la calidad de vida de unos 1200 habitantes, con una fecha de finalización prevista para julio de este año.

Sin embargo, estas afirmaciones chocan con antecedentes documentados y con una causa judicial aún abierta. En el expediente 1660/21, sin sentencia firme, se investigan presuntas irregularidades en el manejo de fondos nacionales enviados en 2023 para financiar la obra.

Desde los sectores denunciantes sostienen que el Gobierno provincial intenta exhibir avances apresurados para justificar los montos recibidos, luego de que el proyecto quedara bajo la lupa de la Justicia Federal.

Uno de los aspectos más llamativos señalados por los críticos es la evolución real de los trabajos. Registros del año pasado indicaban un avance del 73 por ciento, mientras que ahora se informa un 55 por ciento, lo que implica un retroceso difícil de explicar. A esto se suma la ejecución de dos pozos considerados excesivamente costosos, cuya inclusión no estaría debidamente fundamentada en el proyecto original.

También se cuestiona el momento en que se intensificaron las tareas visibles. Según denuncias vecinales, el ritmo de los trabajos aumentó luego de la presentación de una denuncia federal, lo que alimenta la sospecha de una puesta en escena destinada a mostrar actividad ante la comunidad y recomponer la imagen pública de la obra.

En paralelo, surgieron denuncias por un posible conflicto de intereses que involucra al intendente local. De acuerdo a los planteos realizados, el jefe comunal habría adquirido recientemente una finca para un emprendimiento privado, en una operación que presuntamente violaría la Ley de Conservación del Suelo de Tucumán.

Además, se denuncia el traslado de grandes volúmenes de tierra desde zonas cercanas a la planta cloacal para nivelar un terreno ubicado a unos 50 metros de las instalaciones, maniobra que los denunciantes califican como parte de una presunta estafa a la Nación y a los tucumanos.

Desde el punto de vista ambiental, especialistas y vecinos también cuestionan la ubicación de la planta. Advierten que este tipo de instalaciones no deberían emplazarse a menos de 500 metros del ejido urbano y señalan que, si bien no rechazan las obras de saneamiento, consideran indispensable que se realicen a varios kilómetros de la ciudad para reducir riesgos sanitarios y ambientales.

Así, el proyecto cloacal de Burruyacú, promocionado oficialmente como un avance histórico, aparece atravesado por denuncias judiciales, sospechas de irregularidades y fuertes reclamos sociales que ponen en duda su transparencia y su viabilidad ambiental, mientras crece la expectativa por definiciones judiciales que permitan esclarecer el destino de los fondos públicos y el verdadero estado de la obra.