En rigor, Sánchez denunció que referentes barriales vinculados al Frente de Todos ofrecen droga a cambio de un voto. “Nos indigna mucho esa situación y la denunciamos públicamente para que paren con esa mercantilización de la política que mata a los jóvenes tucumanos”, remató. Si las elecciones provinciales ya venían caldeadas por los fallos judiciales que frenaron las ambiciones de Juan Manzur de seguir en el Gobierno, la denuncia del candidato opositor subió el fuego de la hornalla.

Era cuestión de minutos para que el oficialismo, encolumnado, saliera a repudiar tremenda imputación. El gobernador Juan Manzur, desafió al referente radical a denunciar en la justicia a los responsables de realizar esa práctica, caso contrario estaría encubriendo el delito. “Lo que dijo Sánchez es un delito federal. Si él conoce a algún ciudadano que vende droga, su obligación y su responsabilidad es ir a la Justicia Federal y denunciar con nombre y apellido quien es”, sostuvo Manzur. A simple vista suena lógica la defensa del mandatario. Sin embargo, el descreimiento que hoy tiene el Poder Judicial, visto como un apéndice de la política, relativiza el desafío del gobernador.

Pese a esto, Sánchez recogió el guante lanzado por el gobernador. El pasado jueves, acompañado por dirigentes de su espacio político, formalizó su acusación en la Justicia Federal de Tucumán. En el escrito, se hace referencia al temor vecinal a denunciar lo que públicamente expresó el referente opositor por temor a represalias. Se asienta en la documentación que, efectivamente, “transas” vinculados al oficialismo chantajean a jóvenes adictos a votar a determinados candidatos a cambio de droga.

La denuncia aporta material audiovisual que, aparentemente, confirma estos hechos, y hacen mención a la inacción policial y, claro está, de los políticos locales.

“Luego de haber hecho públicos los pedidos de los atemorizados vecinos tucumanos, venimos a poner en conocimiento de la Justicia Federal a los efectos de que se lleven adelante las investigaciones de rigor”, sostiene la demanda. La respuesta al desafío lanzado por Manzur ya está en manos del Poder Judicial.

Ajeno a esta lucha de poder, quienes viven diariamente combatiendo este flagelo, poniendo el cuerpo donde el Estado mira hacia otro lado, aportaron una visión más real y cruda sobre esta problemática. Un referente, en este sentido, es Emilio Mustafá.

Sin apegarse a ningún alineamiento político, el psicólogo social fue categórico al confirmar que lo denunciado por Sánchez es tristemente verdadero. “Es un fenómeno que sí es real. Vi que en algunos lugares los transas se quedan con los DNI de los chicos para después ir a votar; se comercializa con eso”, dijo a la prensa. Ningún político en la provincia tiene autoridad para contradecir a Mustafá.

No sólo por una cuestión moral, sino también por responsabilidad. Una inacción absoluta del Estado, ya sea por incapacidad o por conveniencia. Teléfono para Manzur.