Según un relevamiento elaborado por la Fundación Libertad, las provincias destinaron durante 2025 un total de 1,42 billones de pesos al sostenimiento de sus parlamentos, lo que equivale a un promedio de 1182 millones de pesos por legislador.

Los datos surgen de los informes anuales oficiales de cada órgano legislativo y muestran profundas disparidades entre los distintos distritos.

En ese ranking, Tucumán, gobernada por Osvaldo Jaldo, encabeza la lista con el mayor gasto anual por legislador: 2735 millones de pesos. Detrás se ubican la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con 2661 millones, Chaco, con 2492 millones, y la provincia de Buenos Aires, con 2293 millones.

El caso tucumano resulta especialmente llamativo si se lo compara con otras provincias del norte argentino.

Mientras un legislador tucumano cuesta 2735 millones de pesos al año, en San Luis el gasto por cada representante es de 174 millones y en Santiago del Estero apenas alcanza los 138 millones.

Esto implica que un legislador en Tucumán cuesta casi 20 veces más que uno santiagueño y más de 6 veces que uno jujeño, lo que deja en evidencia una marcada asimetría en el uso de los recursos públicos.

Desde la Fundación Libertad subrayaron que estas diferencias no solo se dan entre regiones, sino también dentro de un mismo corredor geográfico.

"La desigualdad también se repite dentro de una misma región: el costo por legislador en Chaco duplica al de Misiones y supera en 2,5 veces al de Santa Fe, donde el gasto es cuatro veces mayor que el de Córdoba", señalaron en su informe.

Los números abren un debate inevitable sobre las prioridades del gasto público. Con lo que cuesta mantener a un solo legislador tucumano durante un año, podrían construirse varias escuelas, centros de atención primaria de la salud, adquirir ambulancias o reforzar el parque automotor de la policía provincial.

En un escenario atravesado por carencias estructurales en educación, salud y seguridad, el peso del gasto político vuelve a quedar bajo la lupa.

El informe reaviva la discusión sobre la necesidad de avanzar en una reducción del gasto en la política como uno de los ejes centrales para alcanzar el equilibrio fiscal sin profundizar el ajuste sobre los sectores más vulnerables.

En Tucumán, los datos colocan a la Legislatura en el foco de los cuestionamientos y reabren el reclamo social por un uso más eficiente, transparente y equitativo de los recursos públicos.