Todo comenzó cuando Samira tenía apenas tres años y fue violada ferozmente en una pensión por un amigo de su madre, un aberrante depredador con un frondoso prontuario de abusos. La pequeña sufrió hemorragias y un daño físico y psíquico irreparable debido a las sistemáticas ausencias de su progenitora, una mujer con severos trastornos psiquiátricos y un historial de violencia incontenible.

Al separarse de Fabián, y bajo la automática e irresponsable premisa judicial de otorgarle la tenencia a la madre por el solo hecho de ser mujer, la casa se convirtió en un centro de torturas. Su hermano mayor terminó perdido en las adicciones, quebrado por los traumas de una niñez horrorosa.

El ensañamiento contra Samira era cotidiano: la mandaban a comprar el pan y luego le cerraban la puerta, obligándola a dormir a la intemperie en la calle. Cuando la niña cumplió once años, la locura de su madre pergeñó el plan definitivo de venganza: obligarla, mediante golpizas salvajes, a denunciar falsamente a su padre por abuso sexual. El aparato institucional fue cómplice de este horror.

Cada vez que Samira intentaba confesar en terapia que su mamá la obligaba a mentir, la psicóloga a cargo rompía el secreto profesional para alertar a la agresora, desatando una nueva ronda de palizas terroríficas al regresar a casa. La víspera de la declaración en la Cámara Gesell, la niña se plantó y se negó a difamar a su papá, y la respuesta de su progenitora fue un intento de femicidio: la molió a golpes y la quiso ahorcar, salvándose únicamente porque no era su destino morir ese día.

Al día siguiente, en pleno verano tucumano, la obligaron a ingresar al juzgado sofocada bajo una campera cerrada hasta el cuello para ocultar las marcas de la asfixia y los moretones. Aterrada y aleccionada por el dolor físico, Samira repitió el guion que le impusieron. Aquí es donde el sistema judicial penal muestra su hilacha más peligrosa al aferrarse ciegamente a herramientas como la Cámara Gesell, un dispositivo que carece de un respaldo científico riguroso y absoluto, demostrando que no es un método infalible para detectar cuándo un menor está bajo una brutal alienación parental y coaccionado bajo amenaza de muerte.

El absurdo llegó a tal punto que, durante el juicio, la propia madre reconoció que el violador real era aquel sujeto de la pensión, quien poseía antecedentes y fue llevado a declarar. Sin embargo, el ensañamiento de los jueces ya estaba en marcha. Cuando la jueza del caso exigió hablar a solas con la niña, la psicóloga se interpuso alegando que estaba muy afectada, mientras la madre, al lado de la criatura, le pellizcaba con saña las costillas por debajo de la ropa y le susurraba al oído que la mataría si cambiaba una sola palabra.

Tras años de desamparo, se encendió una luz de esperanza cuando su otra tía la rescató de la calle, la cobijó y se encargó finalmente de escolarizarla, dándole el cuidado básico que tanto le habían negado. Trágicamente, esa tía falleció a causa de un cáncer, y ante la irreparable pérdida, el destino no dejó otra opción que entregar a Samira al cuidado de su padre.

Fueron los tres años más puros, hermosos y transformadores de su corta vida, el único período donde conoció lo que verdaderamente significa tener una familia, un hogar donde no había golpes sino abrazos, protección y amor verdadero. Pero la pesadilla regresó de forma brutal.

Una tarde, mientras cocinaban juntos, la policía irrumpió en la vivienda y se llevó a Fabián Rabí esposado, ejecutando la sentencia basada en aquella declaración forzada mediante torturas cotidianas.

Desde ese día, Samira junto a su tía Yamile iniciaron una cruzada descarnada y viva, desnudando su propia tragedia en una entrevista con la periodista Mimi Domínici, gritando a los cuatro vientos que su padre es inocente y que fue obligada a mentir bajo la promesa de ser asesinada. La respuesta de la justicia de Tucumán ha sido un silencio ensordecedor.

No investigaron las marcas del cuerpo, no escucharon los ruegos de la víctima real y permitieron que una mujer violenta destruyera la vida de sus hijos y de un hombre de bien.

El peligro sigue latente al punto de que Samira tuvo que solicitar una medida perimetral de urgencia, dado que su madre continúa libre y amenazándola activamente.

La paradoja de la desidia judicial tucumana es total: la agresora camina en total impunidad, mientras el padre inocente padece el hacinamiento y el frío extremo en el piso de un calabozo, víctima de una mentira judicializada que los tribunales hoy se niegan a enmendar.