Polémica por la presunta compra millonaria en efectivo de una propiedad por parte de la intendente de Graneros
Una fuerte controversia sacude el arco político y social de la provincia tras difundirse un informe que vincula a la jefa comunal Raquel Graneros con la adquisición de un inmueble en un exclusivo barrio cerrado de Yerba Buena, en medio de reclamos vecinales por inundaciones en su Municipio tucumano.
El programa televisivo El Avispero expuso recientemente una información que desató un intenso debate público.
De acuerdo con el informe, la funcionaria habría adquirido una propiedad en el country Las Yungas, una de las zonas residenciales más cotizadas y costosas de Tucumán, por un valor que oscila entre 1 y 1,2 millón de dólares.
Lo que añade mayor susceptibilidad al caso es que la operación se habría concretado mediante un pago total en efectivo y sin recurrir a créditos hipotecarios, si bien hasta el momento no se ha difundido documentación oficial que certifique el movimiento comercial.
La filtración sobre este supuesto patrimonio inmobiliario impacta de lleno en un escenario de alta sensibilidad para el municipio de Graneros. En los últimos tiempos, los habitantes de esa localidad del sur provincial han manifestado su profundo malestar y han exigido obras públicas urgentes, así como asistencia estatal inmediata para paliar los efectos de las inundaciones que afectaron gravemente a la región.
El marcado contraste entre el lujo de la presunta vivienda y la profunda vulnerabilidad estructural que atraviesan los vecinos damnificados generó inmediatas repercusiones en el ámbito social y en los círculos de la oposición.
La situación de Raquel Graneros también reaviva las discusiones sobre la continuidad del poder en el interior tucumano. La actual intendente asumió el cargo sucediendo a su padre, Aníbal Graneros, consolidando una gestión familiar de larga data en el municipio.
En este tipo de contextos, las sospechas sobre el origen de los fondos y el manejo de los recursos públicos suelen ser evaluadas bajo una lupa de mayor exigencia ética por parte de la ciudadanía.
Hasta el momento, la intendenta ha optado por mantener un estricto silencio y no ha realizado declaraciones públicas ni aclaraciones respecto a la procedencia de los fondos o la existencia de la transacción.
Desde los sectores políticos locales se especula con que la falta de respuestas institucionales podría derivar en una presentación formal ante la Justicia, una medida que obligaría a la mandataria a transparentar sus declaraciones juradas patrimoniales. Mientras tanto, el descontento social en el sur de la provincia continúa en ascenso.







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