Congelan más de 200 mil criptodólares, bienes y cuentas por una red de lavado vinculada al Comando Vermelho
La Justicia Federal de Tucumán dispuso el congelamiento de más de USDT 208.000 en criptoactivos, además del embargo de bienes, cuentas y participaciones societarias en el marco de una causa por presunto lavado de activos vinculada a la organización narcocriminal brasileña Comando Vermelho.
La medida fue ordenada por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, a pedido del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de desarticular una estructura financiera que habría operado como canal para el ingreso y legitimación de fondos ilícitos en el norte argentino.
La investigación es impulsada por la Fiscalía Federal número 2 de Tucumán, a cargo de Agustín Chit, y se originó a partir de una denuncia de la PROCELAC, que puso bajo sospecha a un grupo de personas acusadas de movilizar dinero de origen presuntamente ilegal mediante un esquema que combinaba el sistema financiero tradicional con plataformas digitales y criptomonedas.
Según la hipótesis fiscal, la red habría montado un mecanismo de “diversificación” de activos para dificultar la trazabilidad del dinero, utilizando billeteras virtuales, operaciones de trading y múltiples contrapartes para fragmentar los movimientos financieros. De acuerdo con los investigadores, el trading funcionaba como una herramienta de lavado que permitía circular rápidamente los fondos entre distintas carteras digitales y ocultar su origen.
La pesquisa señala como figura clave a Marcelo Clayton Alves de Sousa, ciudadano brasileño prófugo con antecedentes por narcotráfico y lavado de dinero en Argentina y Brasil, quien sería el presunto beneficiario final de la estructura. Para la fiscalía, su rol permitiría conectar la célula investigada en Tucumán con el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de la región.
El operativo incluyó un despliegue técnico del Ministerio Público Fiscal, con la intervención de áreas especializadas en investigación financiera y recuperación de activos, que lograron rastrear y bloquear saldos digitales a partir del cruce de información con plataformas de criptomonedas. Los fondos quedaron bajo depósito judicial mientras avanza el proceso penal.
La resolución también alcanzó un patrimonio internacional relevante, con la cautela de ocho participaciones societarias, diez inmuebles en el exterior, cerca de 50 cuentas y productos financieros y cuatro vehículos, evidenciando la dimensión transnacional de la presunta organización.
Desde el ámbito judicial destacaron que el procedimiento se enmarca en los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), orientados al decomiso de activos ilícitos y al fortalecimiento de la seguridad financiera, con el objetivo de debilitar las estructuras económicas del crimen organizado y evitar la infiltración de capitales ilegales en el sistema financiero nacional.
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