Según el texto enviado al Poder Legislativo, la medida busca “asegurar la administración responsable de los fondos públicos” y garantizar el equilibrio fiscal, el pago puntual de salarios y el cumplimiento de las obligaciones provinciales.

El alcance del DNU no se limita a la administración central, sino que incluye a entes autárquicos, descentralizados y a organismos que requieran asistencia del Tesoro. El artículo 1 prohíbe nuevas designaciones y contrataciones bajo relación de empleo público, con excepciones acotadas a funciones esenciales y sujetas a autorización del Ministerio de Economía y Producción.

También se habilita, de manera transitoria, la reasignación interna de personal entre áreas del Estado, siempre que no implique mayores costos ni alteraciones en el cargo, el nivel escalafonario o la remuneración.

En materia salarial, cualquier modificación que incremente haberes o incorpore nuevos conceptos deberá contar con aval previo del Poder Ejecutivo.

El decreto advierte que el incumplimiento hará responsable al funcionario que autorice pagos indebidos.

Además, el Subsidio de Salud queda facultado a reasignar la totalidad de sus recursos mientras requiera asistencia financiera provincial.

El DNU regirá por dos años, con opción de prórroga, e invita a otros poderes y municipios a adherir al esquema de contención del gasto.