Las localidades de Leales y Graneros surgieron como los principales focos de preocupación. En Leales, las mediciones arrojaron alrededor de 0,112 mg/L, un valor más de diez veces superior al límite aceptado por la OMS.

En Graneros la situación resulta aún más crítica: algunos pozos registraron hasta 0,405 mg/L, cifra que se considera de alto riesgo sanitario. La normativa argentina y la OMS establecen que el máximo permitido es de 0,01 mg/L (10 ppb); valores por encima de 0,05 mg/L (50 ppb) ya representan una amenaza seria. En varios puntos de la provincia, esos límites no solo se superan sino que se multiplican, especialmente en barrios y parajes que dependen exclusivamente de pozos privados.

La presencia de arsénico en la región no es nueva. Según explicó Jorge Stripeikis, director del Departamento de Ingeniería Química del ITBA, se trata de un contaminante natural cuyo origen se remonta a la formación de la Cordillera de los Andes. Las cenizas volcánicas que cubrieron gran parte del territorio sudamericano quedaron depositadas en el subsuelo y en los acuíferos, generando una huella geológica que todavía hoy impacta en la calidad del agua.

El riesgo sanitario asociado al arsénico es significativo. La exposición prolongada puede provocar Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (Hacre), una enfermedad característica de zonas rurales del norte y centro del país. Si no se detecta y trata de manera adecuada, puede derivar en cáncer de pulmón o laringe, lesiones en la piel, fibrosis pulmonar, tos crónica y otros trastornos respiratorios.

Los especialistas insisten en que el problema es especialmente grave en áreas con perforaciones particulares, ya que estas no reciben controles oficiales regulares y la concentración de arsénico puede variar según la profundidad de las napas y los movimientos del terreno.

El mapa interactivo elaborado por el ITBA utiliza un sistema de colores que permite identificar el nivel de riesgo según la concentración registrada en cada zona: verde para valores seguros, amarillo para niveles de precaución y rojo para áreas donde el agua no es apta para consumo ni cocción. En Tucumán, gran parte del territorio rural oscila entre el amarillo y el rojo, lo que evidencia la necesidad de reforzar los controles y avanzar en soluciones estructurales.

Con la intención de ampliar la base de datos —que se redujo notablemente durante la pandemia—, el ITBA invitó a los tucumanos a participar enviando muestras de agua de sus hogares en botellas plásticas pequeñas. La colaboración ciudadana permitiría actualizar la información y detectar con mayor precisión las zonas donde el riesgo es más elevado.

Los resultados del estudio vuelven a encender una alarma que Tucumán conoce desde hace décadas: la necesidad urgente de monitorear de manera constante las fuentes de agua subterránea y de implementar políticas que garanticen el acceso a un recurso esencial en condiciones seguras.