Según el escrito judicial, la obra (presupuestada en más de 324 millones de pesos en 2021) se habría levantado en un terreno inadecuado, a menos de mil metros de zonas residenciales, en violación de normas como la Ley General del Ambiente y el Código Penal Ambiental.

Ponce sostiene que la planta podría estar contaminando las aguas subterráneas, poniendo en riesgo la salud de los vecinos, y denuncia además graves irregularidades en su ejecución, como la ausencia de estudios de impacto ambiental y posibles desvíos de fondos públicos.

La obra fue adjudicada a la empresa RSU, pero según la denuncia carece de las autorizaciones necesarias del Ministerio de Ambiente de la Nación y de la Secretaría de Ambiente de Tucumán.

El terreno elegido estaría sobre un acuífero vulnerable, lo que podría generar filtraciones de efluentes hacia ríos y napas freáticas. Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación habría rechazado el proyecto en 2021 por no cumplir con estándares ambientales mínimos.

Entre los implicados figuran, además del intendente, varios miembros de su familia (Ángel Abraham Leal, Jorge Alberto Leal, Aida Georgina del Rosario y Jimena Ángela Aida), quienes habrían participado en contratos vinculados a la obra.

También fueron señalados el arquitecto Claudio Cattaneo y la secretaria de Obras Públicas Florencia Sayago, por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y posible lavado de activos.

La denunciante pidió que el Tribunal solicite informes al Tribunal de Cuentas de Tucumán, a la Aduana Argentina, a la AFIP, a la UIF y al Registro Inmobiliario, con el objetivo de investigar eventuales maniobras de enriquecimiento ilícito o malversación.

El caso, que abarca hechos ocurridos entre 2020 y 2023, expone un conflicto que combina presunto daño ambiental con corrupción administrativa. Hasta el momento, los acusados no emitieron declaraciones públicas, mientras la Justicia Federal deberá decidir si da curso a la investigación.