Las fotos y registros muestran que compartieron actos, reuniones y conferencias de prensa en las mismas semanas en que la Cámara, con la firma de Poviña, resolvía que el joven procesado continuara en libertad.

Tras la resolución, la agrupación ganó las elecciones y asumió en el club: Poviña como juez del Tribunal de Ética y Martínez Salazar como revisor de cuentas. Para especialistas en derecho, esta simultaneidad representa una “comunidad de intereses” que obligaba al magistrado a excusarse, según el Código Procesal Penal y el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que exigen apartarse de un caso cuando hay motivos que puedan comprometer la imparcialidad.

El caso suma más cuestionamientos porque Poviña nunca pidió la autorización de la Corte Suprema que el Reglamento para la Justicia Nacional exige para integrar comisiones directivas de clubes, y porque no es la primera vez que se lo señala por falta de impulso en causas sensibles, como la investigación por el manejo de fondos de Minera Alumbrera y la inconclusa Ciudad Universitaria de San Javier.

Para las víctimas de RT Inversiones, que denuncian haber perdido sus ahorros en el esquema piramidal, el fallo de la Cámara es una señal de impunidad. Y para muchos juristas, el caso es un ejemplo de cómo los conflictos de interés pueden erosionar la confianza pública en la Justicia.