Amiga de Karina tenía que ser: echaron a Carla Porta del Renaper tras ser imputada en una estafa millonaria
En otro giro que deja al descubierto las grietas en el armado libertario, el Gobierno decidió echar a Carla Porta de su puesto como Coordinadora del Registro Nacional de las Personas en el NOA tucumano.
La medida llegó justo después de que saliera a la luz su imputación en una causa judicial por presunta estafa a la Caja Popular de Ahorros. Ironías del destino, la ex militante del PRO, que ahora ondea la bandera de La Libertad Avanza, se ve envuelta en un escándalo que huele a oportunismo pandémico. Todo explotó este jueves cuando se conoció la investigación provincial que apunta a un grupo de abogados por un fraude montado contra la entidad.
La operatoria, según la denuncia, involucraba juicios de amparo con datos falsos para cobrar indemnizaciones injustificadas, especialmente en plena crisis del coronavirus. El fiscal Diego Sebastián Hevia no se anduvo con rodeos y formalizó la imputación contra Porta, junto a los letrados Julio José Campero, Héctor Luis Sandoval y Mariana Pérez Lucena.
"El ilícito denunciado consiste en la presentación de reclamos para el cobro de indemnizaciones por siniestros derivados de enfermedades laborales, en el particular covid 19, a los cuales los reclamantes, conforme surge de las evidencias aportadas por la CPA no tendrían derecho. La conducta delictiva se habría materializado a través de la falsificación de instrumentos y la presentación de información inexacta con el fin de inducir a error a la Caja, y así intentar obtener un beneficio económico indebido, lo que habría configurado un perjuicio patrimonial para la entidad. Es en virtud de ello que se investiga la posible comisión de los delitos de defraudación agravada en concurso ideal con falsificación de instrumentos públicos", relató el fiscal en el escrito de imputación.
Los cuatro quedaron bajo la lupa por defraudación agravada y falsificación de instrumentos públicos, tal como figura en el decreto de apertura de la causa del 12 de agosto. La denuncia la impulsó el interventor de la Caja, José Díaz, quien también se puso como querellante.
"Sumado a ello, pretenden percibir diferencias que no han sido dispuestas por el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán", advirtió Díaz. Detalló irregularidades como "hisopados falsos" y casos donde "los empleadores (...) declaran que el trabajador no había estado (en funciones) en la fecha del contagio".
Todos los siniestros denunciados saldrían del estudio jurídico Sandoval & Campero. El abogado de la institución, Juan Manuel Bernal, estimó el monto del fraude en más de 5.600 millones de pesos.
Seguí todas las noticias de NOVA Tucumán en Google News
