Jaldo avanza con desalojos y demoliciones: crece la tensión por el plan de “recuperación” de tierras fiscales
El plan del gobierno de Osvaldo Jaldo para “recuperar” tierras fiscales en toda la provincia está despertando cuestionamientos por el alcance real de las medidas y el impacto que podrían tener sobre vecinos, emprendimientos y actividades productivas ya establecidas.
En Tafí del Valle, por ejemplo, la disputa por terrenos como el del helipuerto o el ex Campo de Golf enfrenta a ocupantes que aseguran tener derechos legítimos con el avance estatal, que podría derivar en desalojos. La situación del complejo de cabañas “Los Carolinos” también genera dudas: su titular, Carolina Vanni, busca un acuerdo con el Gobierno, pero teme que la presión oficial la obligue a aceptar condiciones desfavorables.
En El Cadillal, la demolición de viviendas sin autorización y la restitución de media hectárea ya despiertan críticas de sectores que denuncian falta de diálogo y alternativas para las familias afectadas. Lo mismo ocurre en El Mollar, donde ocupantes del Loteo Monroy deberán abandonar el lugar bajo amenaza de desalojo forzoso, pese a que algunos invirtieron en mejoras sin que el Estado interviniera antes.
Organizaciones vecinales y abogados advierten que la Ley 9.179, que permite regularizar ocupaciones mediante licitación, podría aplicarse de forma discrecional, dejando fuera a quienes no cuentan con recursos para competir en ese proceso. En casos como la Reserva La Angostura o Ticucho, hay temor a que el discurso de “recuperación” encubra intereses turísticos y privados, desplazando a comunidades y clubes históricos.
En zonas productivas como Leales, productores cañeros se muestran preocupados: denuncian que la investigación sobre presuntas usurpaciones podría afectar a trabajadores y a la cadena productiva local.
Mientras la Fiscalía de Estado, encabezada por Gilda Pedicone, insiste en que se trata de un plan “sostenido de reivindicación del patrimonio provincial”, críticos sostienen que la falta de transparencia, la ausencia de instancias de participación ciudadana y el uso de la fuerza como recurso final podrían transformar la “recuperación” en un conflicto social de gran escala.
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