En ese marco de lucidez política —más especulativa que estratégica—, el mandatario tucumano no sólo aseguró fondos, sino que consolidó un esquema de financiamiento paralelo basado en el gasto estatal en medios de comunicación y asociaciones civiles. Desde agosto de 2024 hasta hoy, Jaldo inyectó más de 3.214 millones de pesos en pauta publicitaria y servicios comunicacionales, recursos que maneja con plena discrecionalidad la Secretaría de Estado de Comunicación Pública, a cargo de Mariana Lucenti.

Lucenti, figura clave del engranaje comunicacional del jaldismo, es reconocida tanto por sus vínculos con organismos como FOPEA como por su protagonismo en polémicas sobre gastos excesivos y contrataciones poco transparentes. Un caso paradigmático fue la renovación sin licitación del contrato con la empresa Ejes S.A., dedicada al monitoreo de medios y presidida por Guillermo Seita, un operador de larga trayectoria con vínculos que atraviesan el arco político nacional.

La relación entre gasto público y estrategia electoral se vuelve aún más evidente al observar algunas cifras: 88 millones de pesos en equipos fotográficos en diciembre, 99 millones más en abril, 300 millones en pauta en octubre que ya habían generado polémica, y un decreto reciente por 2.700 millones que llega justo a tiempo para apuntalar la campaña electoral. Como si fuera poco, días después de este último desembolso, el gobernador organizó un ágape para periodistas locales, una suerte de celebración oportunamente sincronizada con los favores comunicacionales.

La gestión de Jaldo también quedó en el centro de críticas por las marcadas asimetrías en las tarifas de publicidad oficial, como quedó en evidencia cuando se reveló que el Canal 10 provincial cobraba casi el doble al Ejecutivo que a la Legislatura por cada segundo al aire. Canal 10 y el diario La Gaceta son los principales beneficiarios de la distribución de la pauta oficial, aunque un universo de medios medianos y pequeños sobrevive atado a los fondos estatales, en un ecosistema donde la dependencia económica garantiza silencio o complacencia.

El clientelismo no se limita al mundo mediático. Jaldo también multiplicó la entrega de personerías jurídicas a ONGs: unas 800 durante su mandato, según datos oficiales. El objetivo declarado es fortalecer al “tercer sector”, aunque en la práctica se ha denunciado el uso de estas entidades como pantallas para canalizar fondos públicos sin control efectivo. Solo en febrero de este año, el Ministerio de Gobierno y Justicia, a cargo de Regino Amado, entregó más de $2.232 millones a 71 asociaciones civiles, muchas de las cuales ejecutan tareas que debería realizar directamente el Estado.

Lejos de representar una novedad, este entramado recuerda al manual clásico del poder peronista en las provincias: usar la chequera del Estado para sostener fidelidades, disciplinar opositores y blindar candidaturas. En el horizonte, Jaldo ya hace cuentas para 2027: si el peronismo logra una reunificación, no dudará en presentarse como el pragmático que supo navegar la era Milei sin romper con nadie. Y si no, buscará subirse al caballo ganador, aunque para eso tenga que explicar su rol como socio táctico del actual experimento libertario.

Lo que hoy parece una estrategia de supervivencia podría volverse su principal activo en una carrera mayor. O su mayor lastre.