Críticas a la Justicia por la prisión domiciliaria otorgada a José Alperovich tras su condena por abuso sexual

La reciente decisión judicial que le permite al exgobernador tucumano José Alperovich, cumplir su condena por abuso sexual en prisión domiciliaria ha reavivado las críticas hacia el funcionamiento del sistema judicial, especialmente en Tucumán, donde el poder político y la justicia han estado históricamente entrelazados.
Alperovich, condenado en junio de 2024 a 16 años de prisión por nueve episodios de abuso sexual contra su sobrina, había comenzado a cumplir su condena en el Penal de Ezeiza. Sin embargo, apenas días después, el juez Juan Ramos Padilla -el mismo que firmó la sentencia- autorizó el traslado del exmandatario a un departamento de lujo en Puerto Madero, bajo la modalidad de arresto domiciliario.
La resolución, aunque enmarcada en argumentos legales como la edad y el estado de salud del condenado, ha generado indignación social y política, especialmente en Tucumán. Diversas voces denuncian un trato preferencial hacia quien fuera tres veces gobernador de la provincia y senador nacional, poniendo en tela de juicio la independencia del Poder Judicial frente a figuras de poder.
La víctima, sobrina del exgobernador, denunció que los abusos ocurrieron entre 2017 y 2018 en residencias de Tucumán y Buenos Aires, en un claro contexto de asimetría de poder. Pese a la gravedad de los delitos -seis de ellos con acceso carnal y tres en grado de tentativa- y a la condena firme, Alperovich ahora podrá cumplir su pena en un entorno confortable, con vigilancia electrónica y restricciones de contacto, pero lejos del rigor del encierro penitenciario.
La decisión ha sido particularmente cuestionada por organizaciones feministas, activistas por los derechos humanos y referentes políticos que señalan que la Justicia nunca investigó con la debida celeridad ni con la autonomía que exige un caso de estas características. Cabe recordar que el proceso judicial tardó más de cinco años en llegar a sentencia, período en el cual el acusado estuvo en libertad.
El fallo, que ahora permite su prisión domiciliaria, aunque técnicamente legal, ha sido interpretado por muchos como un símbolo de los privilegios que aún subsisten para quienes han detentado el poder.