Según fuentes judiciales, la causa que lleva adelante el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz apunta directamente a Campos, al exsecretario de Hacienda José Roldán, y a la propia Sandra Figueroa, aunque esta última no pudo ser detenida por su inmunidad parlamentaria. El juez federal José Manuel Díaz Vélez rechazó por ahora los pedidos de detención, pero las pruebas y audios filtrados en los últimos días ponen en jaque la credibilidad del oficialismo.

La familia Campos-Figueroa construyó un dominio político hegemónico en Alberdi durante las últimas dos décadas. Primero, Luis Campos como intendente por tres mandatos consecutivos. Luego, su esposa Sandra Figueroa tomó la posta y ocupó la jefatura municipal por ocho años, para finalmente dar el salto a la Legislatura por el acople oficialista del Frente de Todos por Tucumán en 2023.

El escándalo estalló tras la difusión de audios comprometedores que generaron conmoción en el sur provincial y dejaron al descubierto una red de favores, complicidades y posibles vínculos con delitos federales. La intervención política ordenada por Osvaldo Jaldo llega tarde y bajo presión, cuando la situación ya era insostenible.

Mientras tanto, desde el oficialismo se apela al silencio y a los mecanismos institucionales para frenar el costo político. La licencia solicitada por Figueroa no implica renuncia ni asunción de responsabilidad: es solo una salida táctica para blindar al bloque legislativo oficialista.