El encargo de la auditoría y la decisión política

El 12 de abril de 2025, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó la resolución 184/25 para ordenar una auditoría interna sobre la administración de Canal 10, cuyos resultados eran requeridos de manera urgente dado el fuerte impacto mediático del canal y las versiones de conflictos internos.

Durante las últimas semanas, equipos de la Sindicatura General de la Provincia (SIGEP) y de la Secretaría de Modernización realizaron un detallado escrutinio de contratos, gastos operativos y la gestión de recursos humanos.

El martes 3 de junio, Jaldo reunió a sus principales colaboradores y, a partir del informe preliminar de auditoría, anunció la “rescindición inmediata” del vínculo laboral con Lausberg y varios de sus colaboradores directos en la dirección del canal.

Según fuentes oficiales, el gobernador consideró “imposible” continuar trabajando con quien, a su juicio, concentraba “un grado de descontrol institucional que repercute en el erario provincial y en el prestigio de un canal que debe velar por la pluralidad y la calidad informativa”.

Desde el palacio de gobierno se advirtió que, además de las irregularidades puramente contables, se había detectado “un patrón de amiguismos y tratos personales que superaban cualquier escala razonable”.

A su salida, Lausberg no hizo declaraciones públicas: permanece inubicable oficialmente y desde la administración provincial se adelantó que, de ser necesarias, se impulsarán denuncias penales.

Ineficiencias, gastos excesivos y “favores” a terceros

El cuerpo principal de la auditoría señala una serie de viáticos y contratos de servicios de producción “carentes de justificación técnica”. Entre las principales observaciones:

Contrataciones directas a salidas de tono: Se detectaron pagos a proveedores vinculados a familiares y allegados políticos de Lausberg por valores que duplicaban los precios de mercado.

El documento menciona cuatro contratos, entre noviembre de 2024 y abril de 2025, en los que la intermediación se adjudicó sin licitación, incluso en rubros tan delicados como servicios de transporte y catering para eventos institucionales.

Ausencias injustificadas de personal clave: Según consta en los registros de recursos humanos, varios periodistas y técnicos esenciales para la dinámica diaria del canal registraron inasistencias reiteradas, pero figuraban como “en comisión” o “con permisos especiales” a pedido de Lausberg.

Ese ausentismo provocó retrasos en la producción de programas y la cancelación de al menos ocho emisiones previstas entre febrero y marzo de 2025.

Gastos en publicidad cuestionables: Según el informe de la SIGEP, se detectaron campañas publicitarias en redes sociales con un costo elevado (un 340 por ciento por encima de estimaciones previas) orientadas a fortalecer la imagen personal de Lausberg en redes sociales y plataformas web.

Varios “influencers” de la región fueron remunerados para difundir contenido favorable a la entonces directora, pese a que Canal 10 se financia principalmente con partidas públicas.

En síntesis, la auditoría concluye que “los gastos administrativos quedaban supeditados a conveniencias personales” y que, en algunos rubros, “se gastó más en publicidad personal que en materia periodística y productiva”.

“Favores” políticos y el vínculo con el universo Alperovich

Uno de los aspectos más delicados del reporte tiene que ver con los vínculos que Lausberg habría cultivado con sectores del poder concentrado en torno al ex gobernador José Alperovich y su entorno familiar. El informe menciona expresamente al empresario Felipe Seia, identificado como “uno de los principales interlocutores” de Lausberg en Canal 10.

Según la SIGEP, Seia habría intermediado en la asignación de espacios publicitarios y en la contratación de personal “afín al grupo político Alperovich”.

La auditoría rastreó ingresos de publicidad estatal canalizados a través de empresas vinculadas a Seia, quienes luego cedían parte de esos fondos a cuentas personales y percepciones ajenas a la operatoria formal de Canal 10.

Si bien no hay pruebas directas de aportes ilegales, el documento oficial señala que la relación entre Lausberg y Seia “carece de sustento documental robusto” y que las transferencias no se justifican con contratos o servicios concretos. Esa falta de trazabilidad fue uno de los fundamentos para declarar “no confiable” la gestión financiera del canal durante su conducción.

Acusaciones de conducta personal y “corrupción moral”

En un pasaje que ha generado polémica, la auditoría aborda aspectos de la vida privada de Lausberg con lenguaje duro, catalogándola como “comportamiento reñido con los valores éticos y morales que debe exhibir un funcionario público”. Entre las imputaciones más contundentes, el informe oficial da cuenta de:

Denuncias judiciales por administración fraudulenta: La SIGEP tuvo acceso a un expediente judicial iniciado en marzo de 2024 en el que se investigan supuestos desvíos de fondos públicos (no vinculados a Canal 10) durante una etapa anterior de su carrera.

Aunque el proceso aún no tuvo sentencia, la auditoría entiende que “existe un alto grado de probabilidad” de que Lausberg haya incurrido en delitos de malversación antes de asumir la dirección del canal.

Acusaciones de conducta sexual inapropiada: El documento menciona “varias denuncias de acoso” de parte de exempleados, afirmó que “había habido uso de recursos institucionales para encuentros privados” y que “la directora mantenía relacionamientos con figuras vinculadas al poder político que exceden lo estrictamente profesional”.

Entre los nombres que aparecen en torno a estas acusaciones figuran operadores del peronismo tucumano: el exsenador Naum Alperovich y, nuevamente, Felipe Seia. La auditoría no exhibe pruebas categóricas, pero alude a “mensajes de texto hallados en equipos oficiales” que “ponían en tela de juicio la línea editorial del canal y la objetividad personal de la directora”.

Cuestiones familiares y personales con impacto institucional: En la sección final, el informe se detiene en “circunstancias familiares delicadas”, mencionando un litigio de Lausberg por la manutención y la paternidad de su hija, donde se intentó (presuntamente) “ocuparse de que no constara la filiación paterna” a fin de evitar responsabilidades. Si bien la auditoría reconoce que “la vida privada no debería interferir en la esfera pública”, aclara que esas actitudes reflejan un patrón de “maniobras para eludir cargas legales y financieras”.

Conviene enfatizar que, hasta el momento, ninguna de estas acusaciones que versan sobre cuestiones de índole estrictamente personal (ausencia de condena, litigios en trámite o denuncias informales) ha llegado a confirmarse en sede penal. Sin embargo, la gobernación las incluyó como parte de un “contexto de conducta incompatible” con la conducción de una emisora que recibe financiamiento público.

La reacción de Ingrid Lausberg y el silencio oficial

Al cierre de esta nota, Ingrid Lausberg no ha emitido declaraciones. Su entorno más cercano sostiene que “todas las imputaciones son exageradas y carecen de sustento probatorio” y que se trata de una “persecución política” orquestada para desplazarla del canal.

Algunos allegados han adelantado que estudian iniciar acciones legales contra Jaldo y sus asesores, tanto por “difamación” como por “rompimiento de contrato sin causa válida”.

El gobernador Jaldo, en tanto, aseguró en una breve rueda de prensa: “No podemos tolerar que un canal que depende de las arcas provinciales gaste fondos en lucros personales ni permita que su línea editorial sea cooptada por intereses privados. El informe es contundente y no deja dudas sobre la necesidad de poner fin a esta etapa”.

Fuentes de la gobernación agregan que, en paralelo, enviarán el informe de la auditoría al fiscal de Investigaciones Administrativas para avanzar con las denuncias correspondientes. También se evalúa designar de forma interina a un equipo técnico que restituya la normalidad de la programación mientras se elabora un pliego para convocar a nueva licitación para la dirección de Canal 10.

El contexto político y mediático en Tucumán

Canal 10 (fundado en 1962) es uno de los pocos medios audiovisuales provinciales de alcance masivo. Ha sido tradicionalmente un bastión de la producción local y su imagen pública está muy vinculada a la gestión del Ejecutivo: todos los gobernadores de Tucumán han podido influir, en diverso grado, en la pauta publicitaria oficial que recibe el canal.

La salida de Ingrid Lausberg tomó por sorpresa a buena parte de la opinión pública local, ya que su nombramiento, en agosto de 2024, había generado expectativas iniciales por su promesa de modernizar la señal y apostar a un perfil “más plural”.

Sin embargo, desde mediados de 2024 empezaron a circular versiones sobre conflictos con el plantel periodístico y conducción improvisada de determinados espacios de debate político.

En ese contexto, la llegada de Lausberg fue interpretada por algunos sectores como un “movimiento estratégico” del alperovichismo para reforzar su presencia en los medios; otros, en cambio, sostienen que el nombramiento respondía a una maniobra de la propia gobernación para “controlar” la línea editorial y oxigenar figuras cercanas al actual poder peronista.

El informe de auditoría inclina la balanza hacia la primera hipótesis: habla de un entramado de “intereses que trascienden lo estrictamente provincial” y deja abierta la sospecha de que ciertas maniobras en la grilla de programación beneficiaron a espacios afines al exgobernador José Alperovich y a su círculo más íntimo.

El rol de Felipe Seia y la “maraña Alperovich”

Más allá de la situación concreta de Lausberg, el escándalo de Canal 10 reavivó el debate sobre el denominado “universo Alperovich” en Tucumán: una red de operadores, empresas y medios que actúan en estrecha vinculación con el exmandatario y su entorno.

Felipe Seia, señalado en el informe como uno de los principales intermediarios, habría sido el nexo para asignar pauta publicitaria oficial a empresas allegadas a los Alperovich, en detrimento de otros medios.

Varios periodistas consultados sostienen que Seia, tras la renuncia de Lausberg, intentó vincular a la periodista con “grupos de poder” que buscaban “controlar la información” y “defender intereses partidarios”.

Esta versión, no obstante, no aparece explicitada en la auditoría, que se centra en la trazabilidad de los fondos y en la definición de los roles de cada uno de los involucrados.

Perspectivas a futuro y repercusiones

• Acciones judiciales: el fiscal de Investigaciones Administrativas analizará el informe oficial para determinar si existen indicios suficientes para avanzar con causas por malversación de fondos públicos, fraude en la administración y posible cohecho.
• Relanzamiento de Canal 10: la Gobernación anunció que, a corto plazo, pondrá a concurso la dirección institucional del canal y que rediseñará la grilla de programación. Una de las prioridades será transparentar el manejo de la pauta publicitaria oficial y someter a revisión las partidas a empresas de comunicación.
• Clima en la redacción: CNN Radio, LV12 y otros medios locales ya habían recibido versiones de conflictos internos en la redacción de Canal 10. Ahora se anticipa una renovación total del equipo periodístico: se comenta que algunos de los periodistas que renunciaron en bloque a principios de 2025 (en señal de protesta por la conducción de Lausberg) podrían retornar si se establece un marco de mayor independencia editorial.
• Reacciones políticas: en la oposición, desde Juntos por el Cambio y el Frente Renovador, reclamarán explicaciones “hasta las últimas consecuencias” y pedirán al Tribunal de Cuentas provincial informes sobre otros organismos estatales. Por su parte, el kirchnerismo local emitió un comunicado en el que, sin mencionar nombres, advirtió sobre “maniobras institucionales” destinadas a “desprestigiar a la gestión peronista” a semanas de la campaña electoral provincial de 2025.

Críticas al lenguaje y la estrategia de comunicación

Los pasajes más crudos de la auditoría, que describen con adjetivos como “inepta”, “perversa” o “camaleónica” a la exdirectora, han generado reproches de organizaciones de prensa que advierten sobre la “excesiva politización” y el uso de un lenguaje “anticuado” y “denigrante” para referirse a una mujer que ocupaba un cargo público.

Diversos gremios de periodistas locales y nacionales han señalado que, en un informe oficial, los términos deberían limitarse a hechos comprobables y evitar calificativos personales.

Hasta el momento, la Gobernación no ha replicado esos reclamos, pero sí dejó trascender que, en el expediente, se consignaron testimonios orales y escritos de exempleados de Canal 10 que describían a Lausberg como “una persona que no reunía condiciones para el cargo”.

Ahora bien: el uso de expresiones coloquiales y grotescas en el reporte motivó que varios especialistas en redacción y en derecho administrativo cuestionen la “ausencia de rigor técnico” en la presentación.