Emprendedores cordobeses denuncian represión de la policía de Jaldo: detenciones y violencia sin justificación

Un grupo de emprendedores que regresaba de una feria comercial en Orán, Salta, denunció haber sido víctima de un violento operativo policial en la provincia de Tucumán. El hecho ocurrió en una estación de servicio de Benjamín Paz, habitual punto de descanso en el trayecto hacia Córdoba.
El tour de compras había sido organizado por María Laura, vecina de Jesús María, quien hace 18 años realiza viajes comerciales hacia el norte del país. En diálogo con Radio Jesús María, relató que, tras pasar sin inconvenientes un control de Gendarmería en la zona de Tranca, fueron abordados por efectivos policiales tucumanos en circunstancias que calificó como irregulares.
“Estábamos por almorzar cuando apareció una camioneta con un policía que le pidió plata a mi hijo. Como no tenía, minutos después llegaron varias patrullas más, como si se tratara de un robo a un banco”, contó la organizadora.
Según su testimonio, los uniformados comenzaron a requisar y cargar la mercadería sin brindar explicaciones claras y utilizando la fuerza contra los presentes, en su mayoría personas mayores. “Me empujaron, me golpearon. Tengo 56 años, mido 1,50 metros. El subcomisario Sergio Juárez me agredió y me detuvieron por ‘resistencia a la autoridad’”, aseguró.
También denunció que su hijo fue arrestado al intentar defenderla, y que varias personas, incluso una mujer de 71 años oriunda de Dean Funes, fueron maltratadas durante el procedimiento.
La situación generó gran conmoción entre los participantes del tour, quienes acusan a la policía de actuar con violencia excesiva y sin una orden judicial clara para secuestrar la mercadería.
Desde el grupo ya se iniciaron gestiones legales para denunciar lo ocurrido y exigir la devolución de los productos, así como el esclarecimiento del accionar policial.
Este episodio se suma a una serie de denuncias por abuso de autoridad en la provincia de Tucumán, generando preocupación sobre el respeto a los derechos ciudadanos y la necesidad de una revisión profunda de los procedimientos policiales en la región.