El predio, de 22 metros de frente por 50 de fondo, estaba tapiado y equipado con un portón automático, evidenciando el grado de apropiación por parte de al menos cuatro vecinos de una calle lateral. Según la Fiscalía de Estado, los ocupantes habían extendido cerramientos y construido estructuras dentro del terreno, destinado originalmente a una comisaría. Esta situación, lejos de ser un hecho aislado, refleja un problema recurrente en la provincia.

Tras un proceso judicial, la Provincia obtuvo una sentencia de desalojo. En consecuencia, se otorgó a los ocupantes un plazo de diez días para retirar sus pertenencias y regularizar los límites de sus lotes. Una vez vencido el plazo, las autoridades verificaron que el terreno quedó libre y con los cerramientos correctamente colocados. Así, el dominio pleno volvió al Estado, garantizando su uso para fines públicos.

La ubicación del inmueble, a solo una cuadra de la avenida Aconquija, lo convierte en una zona estratégica para el desarrollo de infraestructura. Este logro se suma a otras acciones similares en la provincia, como la recuperación de ocho hectáreas en El Cadillal, que estaban a punto de ser vendidas irregularmente. En este contexto, el fiscal adjunto Raúl Ferrazzano destacó la importancia de estas medidas en una entrevista radial.

Ferrazzano subrayó que la gestión de Jaldo prioriza la protección del patrimonio y el medioambiente. Por ello, se implementaron herramientas como un código QR que permite a la ciudadanía denunciar irregularidades de manera confidencial. “Recibimos denuncias con datos verificables, y el Estado actúa con informes técnicos y catastrales”, explicó. Este sistema ha permitido detectar usurpaciones en lugares como Villa Quinteros, León Rougués e Ibatín.