La medida cautelar fue dictada este martes en la reunión de acuerdos por los jueces de la nueva mayoría automática Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti, quien está distanciados de sus pares, se encontraba de viaje. Los magistrados otorgan 5 días a las administraciones provinciales para presentar sus informes, librándose oficios para hacerlo a los gobernadores y los fiscales de Estado.

Los jueces de la Corte, visiblemente molestos por la difusión que se dio al manejo injustificado de los fondos de la Obra Social judicial, con su presidente expuesto por la relación mantenida a través de su secretario con el ex ministro de Seguridad de la CABA, uno de los participantes del viaje patagónico organizado por el CEO de Clarín, consideraron que "la intervención de esta Corte se torna imperiosa para que sean respetados los principios fundacionales del federalismo argentino".

Las presentaciones contra Sergio Uñac y Juan Manzur fueron realizadas por dirigentes de la oposición, que consideraban que las autorizaciones otorgadas por las instancias judiciales de sus provincias para competir en estas elecciones no se ajustaban a derecho.

La Constitución de San Juan prevé que el gobernador y el vice pueden ser reelectos consecutivamente hasta dos veces, y Uñac fue vicegobernador de 2011 a 2015 y gobernador en los dos períodos sucesivos.

En el caso de Manzur, fue dos períodos vicegobernador y luego otros dos gobernador, algo que contempla la Constitución tucumana, pero se le cuestiona su pretensión de formar parte del ejecutivo provincial durante un quinto período.

La resolución de los Supremos argumenta que el artículo 90 de la Constitución de la Provincia de Tucumán dispone que: “El gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos por un período consecutivo”.

“El vicegobernador, aun cuando hubiese completado dos períodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido gobernador y ser reelecto por un período consecutivo”,añade.

Y señala: “Si el gobernador ha sido reelecto para un segundo período consecutivo no puede ser elegido nuevamente, sino con el intervalo de un período. Lo mismo resulta de aplicación para el cargo de vicegobernador”.

Los denunciantes utilizan el mismo argumento en ambas impugnaciones: la vigencia del "principio republicano de la alternancia en el poder". Y especulan con que, de poder avanzar con sus intenciones, Uñac y Manzur podrían alternarse en los cargos de gobernador y vicegobernador indefinidamente.

"Habilitaría la posibilidad de que una persona sea electa durante un número indefinido de períodos como gobernador y vicegobernador (de manera sucesiva, consecutiva e ininterrumpida) con la sola exigencia de que se alterne el cargo y el compañero de fórmula", sostienen la denuncia presentada en el caso Tucumán.

En el caso tucumano, el denunciante fue Germán Alfaro, quien se desempeña como intendente de San Miguel de Tucumán y es candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio.

En San Juan fue presentada por Sergio Guillermo Vallejos Mini, uno de los candidatos a gobernador del lema Unidos por San Juan, y es el referente del espacio Evolución Liberal. "Permitir que el ciudadano Sergio Mauricio Uñac sea nuevamente candidato a gobernador provincial implicaría (de triunfar) que ejerza el poder por cuatro mandatos, es decir, por dieciséis años consecutivos (un mandato como vicegobernador y tres como gobernador)", argumenta.

Los supremos citaron en su resolución dos precedentes en los que la Corte Suprema intervino en cuestiones similares, para los casos de Santiago del Estero y de Río Negro. Y citan considerandos de esos fallos, en particular “la virtud republicana de desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder al darle sentido a la noción de periodicidad de los mandatos” y “la vigencia del sistema republicano consagrado en los artículos 1 y 5 de la Constitución Nacional presupone de manera primordial la periodicidad y renovación de las autoridades”.

La Corte Suprema podría haber dejado realizar las elecciones y luego emitir su fallo, que se hubiera vuelto abstracto, sin incidencia en el proceso electoral. Pero al actuar a último momento podría considerarse que se trata de un nuevo ataque al gobierno del Frente de Todos.

Mientras que la oposición salió a celebrarlo en masa, desde el oficialismo se interpreta como un nuevo acto de lawfare y un pase de factura por los cuestionamientos a la “familia judicial” y a los desempeños irregulares de Comodoro Py.

La cuestión resulta opinable pero, tomada entre gallos y medianoche, tiene como principal víctima a la República y su ya desgastada credibilidad, y anticipa graves consecuencias aún hoy inimaginables.